Desconvocan la huelga de tripulantes de TAP prevista del 25 al 31 de enero

El acuerdo entre trabajadores y aerolínea evita cancelar más de 1.300 vuelos

24 enero, 2023
Desconvocan la huelga de tripulantes de TAP prevista del 25 al 31 de enero

La Huelga de los tripulantes de TAP del 25 al 31 de enero ha sido suspendida después de que los trabajadores decidieran desconvocar los paros tras el acuerdo con la administración de la compañía para iniciar negociaciones.

La asamblea general del Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de la Aviación Civil (SNPVAC) aprobó este lunes la última propuesta que la administración de TAP -de capital estatal- había presentado en un último intento de evitar la paralización.

"El acuerdo no es perfecto, está lejos de eso", matizó después en declaraciones a periodistas el presidente del SNPVAC, Ricardo Penarroias, que explicó que "los asociados entendieron que crea las bases para iniciar negociaciones" y que "hubo cesiones de ambas partes".

Entre las medidas acordadas, TAP va a suspender, a partir del 1 de marzo y hasta que entre en vigor el nuevo convenio, los recortes salariales del 25 % que se aplican debido al plan de reestructuración de la empresa.

La huelga iba a cancelar 1.316 vuelos en siete días, con 156.000 pasajeros afectados y pérdidas de hasta 68 millones de euros para la compañía, según cifras avanzadas por la aerolínea

El mismo sindicato ya secundó un paro los pasados 8 y 9 de diciembre que llevó a la cancelación de 360 vuelos, con 50.000 usuarios afectados y un impacto financiero para la compañía de unos 8 millones de euros.

TAP está en negociaciones con los tripulantes de cabina para acordar un nuevo convenio, como está previsto en el plan de reestructuración acordado con Bruselas, a cambio de autorizar ayudas públicas que rondan los 3.200 millones de euros.

La aerolínea es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla tras los daños sufridos por la pandemia, aunque pretende volver a privatizarla.

Está además en el centro de la polémica debido a una indemnización de medio millón de euros que pagó a una ex administradora que posteriormente fue nombrada secretaria de Estado del Tesoro.

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